El suicidado asesinado

Según Cristina Fernández, su gobierno le hizo pisar el palito a Irán, logrando que reconociera su relación con la masacre de la Amia. ¿En qué momento la teocracia persa hizo tal cosa? Para la expresidenta, cuando firmó con Argentina el memorándum de entendimiento sobre el devastador atentado.

Si seguimos este insólito razonamiento, podemos suponer que, de manera astuta, Cristina Fernández y su canciller consiguieron, con la ayuda de Hugo Chávez, Luis D’Elía y Fernando Esteche, lo más cercano a una autoinculpación del régimen iraní. El problema es que sólo ella, Héctor Timerman y el gobierno apreciaron la “genialidad” de la estratagema y su “exitoso” resultado. El resto ni se dio cuenta.

Lo dijo la propia Cristina: “Nadie se ha percatado del mejor aporte que hizo el memorándum”. A renglón seguido, preguntó si alguien aceptaría “firmar un acuerdo en el que implícitamente estás aceptando que algo tenés que ver”. Lo que no explicó es de dónde saca semejante deducción, por qué firmar el memorándum implicó una aceptación implícita.

Es más probable que Teherán buscara bajar las alertas rojas de Interpol, o vías para reinsertarse en el mundo, lo que posteriormente comenzó a conseguir mediante el acuerdo nuclear que le ofreció Barack Obama.
En rigor, la prueba más contundente y autoincriminatoria es la fatwa dictada en Irán contra los magistrados argentinos que investigaron la masacre en la Amia. Además de la respuesta, o explicación, de un muftí (jurista islámico) sobre cuestiones del derecho coránico, una fatwa es una sentencia dictada por una autoridad religiosa; como la que dictó el ayatolá Khomeini cuando ordenó el asesinato de Salman Rushdie en cualquier parte del mundo donde sea encontrado por un “buen musulmán”, por haber escrito la novela Versos satánicos.

No es el único condenado a vivir oculto para no ser asesinado. La escritora bengalí Taslima Nasrim tuvo que escapar de Bangladesh y vive escondida en algún rincón escandinavo, por la fatwa que la sentenció a muerte por escribir Vergüenza, el libro en el que cuestiona el fanatismo de musulmanes e hinduistas.

La Justicia argentina sostiene (y la República Islámica nunca desmintió) que el alto clero chiíta dictó una fatwa para que el fiscal Alberto Nisman fuera asesinado. Y eso es precisamente lo que ocurrió.

A un presunto vínculo (directo o indirecto) del gobierno anterior con ese crimen (además de la denuncia que el fiscal estaba por detallar al Congreso y del manifiesto aborrecimiento que le profesaba la dirigencia kirchnerista) no lo confirman afirmaciones desmesuradas e irresponsables como la de Elisa Carrió (“lo mató el gobierno de Cristina”). Más bien lo insinúa el brutal ensañamiento con la víctima que desató el gobierno de Cristina y el aparato de propaganda oficialista de entonces.

Aquella ola de difamaciones y ataques contra una persona que acababa de aparecer muerta con un balazo en la cabeza fue una reacción tan desquiciada que pareció autoincriminatoria.

Eso se sumó a la patética irrupción de la fiscal Viviana Fein, Sergio Berni y una legión de policías y funcionarios judiciales que, por total ineptitud o con premeditación, destruyeron el escenario de la muerte que debía dilucidarse.

No fue la oposición la que puso a Irán y al anterior gobierno argentino a la sombra de aquella oscura muerte. Fue la fatwa del poder religioso iraní y la reacción injustificable de una administración y de sus voceros las que lincharon a un cadáver insepulto.

Cristina debió explicar aquella demencial lapidación de una víctima. En lugar de eso, planteó la desopilante teoría de que el memorándum implicó la autoincriminación del régimen de Majmud Ajmadinejad.

También dijo que acusarla de “traición a la patria” por el acuerdo que firmó con Irán es una desmesura de sus acusadores. Lo que no dijo es por qué nunca calificó de absurdas y desmesuradas las acusaciones de “traición a la patria” que, con el aval o el silencio cómplice de su gobierno y su partido, cayeron sobre dirigentes de la comunidad judía que se opusieron al memorándum y también sobre escritores que cuestionaban a su gobierno, como Marcos Aguinis y Santiago Kovadloff.

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