¿Cristina atada a Boudou?

El kirchnerismo fue un afinado coro vociferando a Julio Cobos que renuncie. Aquel vicepresidente había roto la disciplina partidaria, que en el oficialismo argentino parece disciplina cuartelaria, cuando derribó con su voto la resolución 125 sobre retenciones a la exportación de soja.

La presidenta y sus funcionarios lo describieron como un traidor abyecto, mientras el aparato periodístico K le aplicaba con saña el linchamiento mediático con que trata a críticos y opositores.

Aquella inmensa presión para que renunciara el vicepresidente del primer mandato de Cristina, contrasta con el silencio de la presidenta, su gobierno y su disciplinada militancia ante el caso Boudou.

En el universo kirchnerista nadie le pide la renuncia, a pesar del cúmulo de pruebas que lo arrastraron al procesamiento. Incluso dejándolas de lado, así como a las demás denuncias por enriquecimiento ilícito, hay un acto de Amado Boudou que equivale a una auténtica traición: como ministro de Economía rechazó el pedido de Casa de la Moneda de nuevas impresoras cuando no daba abasto en la producción de billetes. Esa decisión, sumada al avance inflacionario y a la negativa presidencial de hacer billetes de quinientos, obligaba al Estado a contratar la única imprenta que podía fabricar dinero: Ciccone, empresa que ya estaba en manos de los amigos y socios del vicepresidente.

Justo el gobierno más estatista, actuó contra los intereses del Estado para favorecer a una empresa privada. ¿Acaso semejante decisión no traicionaba los postulados kirchneristas? ¿No fue esa una traición peor que el voto indisciplinado de Cobos? ¿Qué otra cosa justifica este silencio de Cristina Kirchner y su gobierno, que no sea una oscura y viscosa complicidad?

Las pocas voces que salen a defender a Boudou, dicen que Mauricio Macri también está procesado y no renunció ni padeció un juicio político; un argumento con dos falacias: al jefe de gobierno porteño lo procesó Oyarbide, un juez tan sospechado de inmoralidad y servilismo con el gobierno que nadie puede explicar por qué sigue en funciones.

La otra falacia es que el propio Macri había pedido que le hicieran juicio político, ni bien quedó procesado. Fueron los legisladores kirchneristas los que prefirieron crear una comisión investigadora, calculando que sería un vía crucis político más desgastante.

Es ingenuo pensar que el kirchnerismo actúa con Boudou de manera tan diferente de como actuó con Cobos, porque a este vicepresidente lo eligió la propia jefa de Estado.

A simple vista, la decisión presidencial de sostenerlo no parece responder a una necesidad política, sino a una vulnerabilidad jurídica.

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